Asisa y Adeslas se consolidan entre los militares y funcionarios de Justicia en plena crisis de Muface
El programa que proporciona cobertura sanitaria a los empleados públicos en España está atravesando una crisis sin precedentes. La decisión de Asisa, SegurCaixa Adeslas y DKV de no continuar prestando asistencia a 1,5 millones de personas -en su mayoría docentes- a pesar de la mejora del 17% estipulada por el nuevo convenio, ha colocado a las aseguradoras en el centro de la polémica. El debate se intensificó este lunes tras conocerse que tres de las seis compañías que prestan este servicio a los funcionarios del Ministerio de Justicia no seguirán una vez finalice el convenio actual (2021-2024).
Se trata de Mapfre, Sanitas y DKV, que han rechazado participar en la licitación para el próximo bienio debido a la falta de "condiciones suficientes para garantizar la calidad del servicio". Por otro lado, Nueva Mutua Sanitaria se une a SegurCaixa Adeslas y Asisa, que han optado por renovar, considerando un mayor equilibrio entre el aumento propuesto y los costos sanitarios esperados. Serán los encargados de atender a casi 92.000 funcionarios de los juzgados y sus familiares, con un contrato valorado en 175 millones de euros a repartir entre 2025 y 2026.
El monto es inferior a los 234 millones del plan en curso, aunque la cantidad se distribuye en dos años en lugar de los tres del plan actual, según indica el documento de licitación, cuyo resultado aún no se conoce. A esto se suma la licitación para el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), que cubre a alrededor de 560.000 beneficiarios y sus familiares. En este caso, el contrato prevé un aumento del 11%, alcanzando los 1.201 millones de euros, y Adeslas y Asisa, que ya cubren este servicio, se mantienen como las únicas que resisten en medio de la difícil situación de la sanidad privada para los empleados públicos.
Esta situación incrementa la presión sobre Muface, cuya cobertura actualmente proporcionan DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas. El rechazo en conjunto enfoca la atención en los términos "deficitarios" en los que, según estas, operan bajo el diseño actual. El empeoramiento de la atención al cliente y la reducción en las retribuciones a los profesionales sanitarios son algunas de las razones expuestas tras meses advirtiendo sobre la insostenibilidad del seguro sanitario. A la espera de que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública elabore un documento para estudiar su viabilidad antes de decidir si propone una mejora en la prima, todos los escenarios están sobre la mesa.
Entre estos escenarios, está la posibilidad de que no se encuentren licitadores y que la sanidad pública deba absorber a todos los pacientes que hasta ahora recibían cobertura. En la última reunión entre el Gobierno y los sindicatos, el Ejecutivo transmitió un mensaje de tranquilidad, afirmando que existen mecanismos legales para garantizar la asistencia bajo la ley de contratos del sector público más allá del próximo 31 de enero de 2025, cuando vence el contrato. Además de las consecuencias que podría traer el fin del programa, como el aumento de las listas de espera y mayores retrasos en cirugías, este escenario también podría afectar al negocio de los seguros.
Un estudio realizado por Roams Insurtech, la correduría del grupo Roams, muestra que, sin Muface, los funcionarios pagarían en promedio 740 euros más al año si decidieran contratar un seguro privado con las mismas prestaciones que ahora reciben, lo cual representa un 150% más de lo que pagan actualmente, ya que los mutualistas abonan una media de 478,36 euros. Esta cifra está por debajo de los 575,32 euros que cuesta en promedio un seguro básico, mientras que uno completo con copago ronda los 1.230 euros, lo que significaría que en un escenario sin Muface verían incrementado el coste de permanecer en la sanidad privada
