Crisis de las mutualidades: Sanitas decide dejar de prestar servicio a jueces y fiscales
Tres días después de que el concurso de Muface quedara desierto, dejando en el aire la atención sanitaria concertada de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, otras dos mutualidades de empleados públicos cerraban el viernes el plazo para recibir propuestas de aseguradoras interesadas en ofrecer este servicio. En el caso de Mujegu, que atiende a jueces, fiscales y el personal de la Administración de Justicia, una de las aseguradoras que prestaba este servicio, Sanitas, ha decidido no presentarse al nuevo convenio (2024-2025) debido a la insuficiencia de la mejora económica propuesta por el Gobierno. Sanitas también estuvo en Muface y decidió retirarse.
Según fuentes del sector asegurador, Sanitas ha optado por no participar en el nuevo concierto de la Mutualidad General de la Justicia (Mugeju), ya que considera que la propuesta de aumento en el pago de primas, del 11,73% que figuraba en los pliegos, no es suficiente para que la prestación de este servicio sea rentable.
Las tres principales mutualidades de funcionarios (Muface, que cubre a 1,49 millones de profesores, policías, inspectores de Hacienda y de Trabajo; Isfas, que atiende a 595.000 militares y guardias civiles; y la mencionada Mugeju, que da cobertura a 91.000 personas) operan desde hace medio siglo. Cada dos años, normalmente, se lanza un nuevo concurso para ver qué aseguradoras quieren participar en cada uno de estos acuerdos. Los empleados públicos pueden elegir si desean recibir atención sanitaria pública o a través de una aseguradora concertada. El Estado paga una prima por cada funcionario cubierto. Nunca antes había ocurrido que el concurso de Muface, el más grande, quedara desierto.
La atención a jueces, fiscales o letrados de la Administración de Justicia está garantizada a través de aseguradoras concertadas, ya que Adeslas y Asisa sí han decidido presentarse a este concurso. Todos los mutualistas de Mugeju que acudían a los servicios médicos en el Hospital de La Zarzuela, el Hospital de La Moraleja (en el barrio de Sanchinarro), el Hospital Virgen del Mar (en Chamartín) o el Hospital Cima de Barcelona ya no podrán hacerlo. Sanitas es propiedad de la cooperativa británica Bupa.
En el actual concierto de Mugeju, vigente entre 2021 y 2024, además de Sanitas, también estaban presentes Asisa y Adeslas, que el martes pasado anunciaron que sí se presentarían al nuevo convenio. En cambio, DKV decidió, al igual que Sanitas, retirarse de Mugeju. Mientras tanto, Mapfre y Nueva Mutua Sanitaria aún no han aclarado si se han presentado o no.
Desde Sanitas explican que, tras estudiar en detalle las condiciones de este nuevo pliego, “la compañía considera que estas no garantizan la prestación del servicio con la calidad que Sanitas considera necesaria”.
El principal problema tanto en Muface como en las otras mutualidades de funcionarios radica en la fuerte subida de precios que ha tenido lugar en los últimos años y el aumento de las consultas y tratamientos médicos. Esto ha hecho que la financiación del modelo haya sido insuficiente. Las tres aseguradoras que participaban en Muface y han decidido no presentarse en esta ocasión aseguran haber registrado pérdidas de 600 millones de euros en total durante los últimos tres años.
El Ministerio de Función Pública, para intentar convencer a las aseguradoras de que se queden, ha mejorado en un 17% la compensación económica, pero este aumento no ha sido suficiente. Las compañías afirman que con menos de un 40% seguirían perdiendo dinero. De hecho, DKV ha calculado que con esta propuesta del 17% perderían 77 millones de euros en dos años, lo que tendría que anotarse en las cuentas de 2024, según la normativa contable actual en seguros. Asisa incluso ha sugerido que, si participa en las condiciones propuestas, podría llegar a quebrar.
Para tratar de salvar la delicada situación de Muface, el Ejecutivo está preparando una licitación exprés que podría elevar el pago a las aseguradoras interesadas hasta un 24%, aunque está por ver si este aumento sería suficiente. Además, baraja la posibilidad de aplicar una prórroga forzosa del servicio en caso de que no se alcance un acuerdo.
Los sindicatos de funcionarios, como CSIF, han convocado concentraciones para el lunes (frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en el resto de España ante las subdelegaciones de Gobierno provinciales) para reclamar que se salvaguarde el actual concierto de Muface. Incluso amenazan con ir a la huelga. La inquietud entre los empleados públicos es máxima, ya que muchos llevan décadas recibiendo atención sanitaria en los mismos hospitales, y ahora no saben si podrán seguir acudiendo a ellos. Desde el Ministerio de Función Pública intentan calmar los ánimos y se muestran convencidos de que se encontrará una solución
