El Gobierno está ultimando un nuevo intento para salvar a Muface y evitar el colapso en la sanidad

El Gobierno, a través del Ministerio de Función Pública, ha llevado a Muface al límite al especular sobre la postura de las aseguradoras. El ministro Óscar López ha perdido la batalla, y el concierto que garantiza un seguro privado a 1,5 millones de funcionarios está al borde del colapso, con el riesgo de caos tanto para la sanidad pública como privada. Las aseguradoras están negociando con el Ejecutivo y estudiarán el nuevo pliego que está preparando el Ministerio, aunque han evitado hacer comentarios al respecto.

Las tres aseguradoras que aún permanecen en el concierto, Adeslas, DKV y Asisa, confirmaron este martes que no han respondido al pliego al expirar el plazo. Ninguna otra aseguradora ha mostrado interés debido al déficit acumulado. Según las aseguradoras que aún están presentes, han perdido 200 millones anuales en los últimos años con este servicio.

Muface es un concierto público en el cual el Estado paga una cantidad fija a las aseguradoras que participan en la licitación para ofrecer asistencia sanitaria privada a los funcionarios que lo deseen. Los funcionarios tienen la opción de elegir; si optan por la sanidad privada, pierden el acceso a la pública.

Por lo tanto, si Muface se derrumba, hay riesgo de caos. De forma repentina, un millón y medio de funcionarios se trasladarían a la sanidad pública, lo que agravaría las listas de espera y el deterioro del servicio. Además, se trata de una población envejecida, lo que incrementa los costos de atención para las aseguradoras. La edad media de los funcionarios ha aumentado, ya que muchos empleados públicos interinos pasan a ser funcionarios después de varios años.

La sanidad privada también se vería afectada, con recortes masivos, especialmente en clínicas y hospitales privados que trabajan con aseguradoras, para quienes Muface representa una parte importante de su clientela.

El Gobierno ha anunciado que ya está trabajando en un nuevo pliego. Pero tiene muy poco margen. Las aseguradoras dudan de que se pueda llegar al 31 de diciembre con un nuevo concierto. Por ahora, el Ejecutivo no puede titubear con la subida propuesta, ni quedarse corto. Quizás termine pagando más de lo que habría si hubiera escuchado las peticiones de las aseguradoras desde el principio. En cualquier caso, hay negociaciones de última hora para tratar de resolver la situación. Todas las partes están interesadas, pero no a cualquier precio.

La tensión es máxima entre los funcionarios y los empleados de la sanidad privada.

“Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación”, ha indicado el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. El anterior ministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dejó el nuevo concurso sin asegurar, y el nuevo ministro, Óscar López, ha dejado el sistema al borde del colapso.

“La atención médica y asistencial se mantendrá en los términos actuales. Posteriormente, al finalizar el concierto, se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público”, explicó el Ministerio.

En caso de que la licitación finalmente quede desierta, habrá un periodo transitorio que, según fuentes de las aseguradoras, será muy complejo. Los tratamientos continuarán con las aseguradoras hasta su finalización, y la nueva asistencia pasaría a la Seguridad Social. La tensión es máxima entre los funcionarios y los empleados de la sanidad privada. El sindicato de funcionarios CSIF acusa al Gobierno de poner en peligro el sistema y ha anunciado movilizaciones.

El pliego rechazado por las aseguradoras consistía en una prima de 1.337 millones en 2025 y de 1.344,5 millones en 2026, un aumento de 303 millones o un 17,2% respecto al concierto anterior. Sería el mayor incremento histórico, pero insuficiente para las aseguradoras debido al aumento de costos y el déficit acumulado.

Las conversaciones de última hora buscan un acuerdo entre la moderación de las subidas que desea el Gobierno y las quejas de las aseguradoras sobre el déficit acumulado en Muface. Por ahora, los conciertos de funcionarios Mugeju (dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) e Isfas (dependiente del Ministerio de Defensa) sí han logrado ser incluidos en este pliego, con la participación de Adeslas y Asisa, aunque no DKV. Sin embargo, son conciertos de menor tamaño, con 91.000 y 500.000 beneficiarios respectivamente.

Antes del verano, el Gobierno comunicó que podría haber una subida del 24%. Las aseguradoras lo consideraron insuficiente, aunque cercano a lo que buscaban. DKV propuso un 40%, mientras que un estudio de Adeslas lo cuantifica en un 27%. Asisa no se ha pronunciado y ha sido la menos crítica. Algunas fuentes sugieren que el Ejecutivo confiaba en que Asisa participara en el concierto y evitara que quedara desierto.

Negociaciones a contrarreloj.

Diez días antes de lanzar el pliego, hubo un encuentro entre el ministro Óscar López y los ejecutivos de las aseguradoras, en el que propuso un 14%. Los representantes de las aseguradoras se levantaron de la mesa indignados y, aunque finalmente el Gobierno propuso un 17%, no fue suficiente.

Las posturas están más distantes que nunca, aunque hay negociaciones para reconducir la situación contrarreloj. No queda casi tiempo. Pero las aseguradoras ya han mostrado al Ministerio de Óscar López que no están jugando y que podría haber un gran conflicto debido al malestar de los funcionarios, los recortes en la sanidad privada y el deterioro de la sanidad pública.

El 72% de los funcionarios elige Muface (34% elige Adeslas, propiedad de CaixaBank y Mutua Madrileña; el 25%, Asisa, de Lavinia; y el 13%, DKV). El último concierto, de tres años y que expira en 2025, ha sido de 3.571 millones, con pérdidas anuales de 200 millones para las tres aseguradoras. DKV ha señalado que ha perdido 70 millones anuales en el último concierto y que con el nuevo pliego, los números rojos por Muface serían de 74 millones en dos años.

Las aseguradoras trabajan con acuerdos con hospitales y clínicas privadas. Es decir, si Muface desaparece, deberán hacer recortes, especialmente en centros que no negocian con el Ministerio ni participan en el pliego de Muface. Las aseguradoras actúan como intermediarios, cubriendo los riesgos de los asegurados y facilitando el servicio en terceros, donde se producirían recortes importantes.

Adeslas, la principal aseguradora de Muface, obtuvo ingresos por primas de 8.057 millones en 2023. Muface representa entre un 5% y un 10% de estos ingresos. Aunque su desaparición se notaría a corto plazo, afectaría principalmente a los proveedores: hospitales, centros de pruebas o clínicas que atienden a los clientes de las aseguradoras. Adeslas tendría que ajustarse, pero el impacto principal recaería en terceros.

En el sector recuerdan que el coste sanitario per cápita de un usuario de Muface es de 1.013 euros, frente a los 1.736 euros en la sanidad pública. Estos argumentos provienen de un estudio del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que respalda la postura del sector privado. También argumentan un ahorro de 1.000 millones para la sanidad pública.

Además, Adeslas encargó un estudio a los economistas Alberto Montero (Universidad de Málaga) y Román Salmerón (Universidad de Granada), al que ha tenido acceso este medio, en el que se concluye que se necesitaría una subida del 27% respecto a la cuantía de 2023 para cubrir costes en 2025, y un incremento adicional del 9% en 2026.

Los economistas Montero y Salmerón advierten que existe una correlación entre los aumentos de ingresos y los de costes, ya que un aumento de ingresos al inicio de un convenio también incrementa la presión sobre los costes debido a los proveedores y el personal. Los técnicos estiman que Adeslas enfrentará en 2025 un gasto de 882 millones, una cifra que solo se incrementaría un 1,86% respecto a 2024. El problema es el déficit acumulado en el último concierto. Los principales costes provienen, en este orden, de las remuneraciones de los médicos y otros profesionales, del gasto en hospitalizaciones y de las pruebas diagnósticas.