Los empleados públicos incrementan las consultas sobre seguros de salud privados debido a las dudas en torno a Muface

Los funcionarios cubiertos por el convenio de Muface para recibir atención médica han incrementado las consultas a seguros privados, debido a la incertidumbre sobre la viabilidad del modelo. Actualmente, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado gestiona el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos —en activo y jubilados— y sus familiares. El Gobierno ha propuesto una mejora del 17% en las primas que recibirán las aseguradoras interesadas en participar, pero las compañías que actualmente prestan el servicio —Adeslas, Asisa y DKV— insisten en que el incremento es insuficiente y que no les resulta rentable.

Carmen, una funcionaria que trabaja para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, explica que “lleva algunas semanas considerando qué hacer si finalmente las aseguradoras no siguen ofreciendo el servicio”. En su caso, su plan es contratar un seguro privado, fuera de Muface, para asegurarse de que puede seguir acudiendo a los mismos especialistas que antes. “Siempre me quedará la sanidad pública para casos más graves”, subraya.

Hasta ahora, los profesores, policías o funcionarios de prisiones cubiertos por el régimen de Muface podían decidir cada año si querían cobertura sanitaria pública o a través de las compañías privadas que firmaban el convenio bianual. El aumento de la inflación en 2022 y el incremento en las consultas y gastos médicos han hecho que este acuerdo público-privado generara pérdidas anuales de 200 millones de euros para estas aseguradoras.

Desde el sector asegurador reconocen que en las últimas semanas ha habido un aumento en las consultas para contratar nuevos productos y sobre el futuro de Muface. “Evidentemente, hay gran inquietud sobre el futuro del modelo, ya que muchos funcionarios estaban muy acostumbrados a recibir este servicio”, comenta una directiva de una de las entidades que están en el convenio.

Las aseguradoras interesadas en participar en el convenio de Muface 2025-2026 tienen hasta el 5 de noviembre para decidir si se presentan o no. En caso de que ninguna lo haga, el margen para convocar un nuevo concurso público con otras condiciones es mínimo, ya que el nuevo convenio debe entrar en vigor el 1 de enero.

La situación en Muface es similar a la de otras dos mutualidades de funcionarios: Isfas, de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, y Mugeju, de jueces, fiscales y otros empleados de la Administración de Justicia. La primera cubre a unos 500.000 beneficiarios y la segunda a 91.000. En ambos casos, la fecha límite para presentarse al convenio es el 8 de noviembre.

“La situación es algo diferente en estas mutualidades respecto a Muface”, explica una fuente del sector. “En el caso de Isfas, el colectivo tiene una edad media más baja, lo que reduce los gastos médicos. Y en el caso de Mugeju, es un grupo de funcionarios con menor siniestralidad sanitaria”. De hecho, Sanitas sí participa en este último convenio.

En cualquier caso, los cálculos financieros son muy ajustados. Desde Adeslas ya aseguraron que el incremento del 17% propuesto (que representaría un gasto de 2.681 millones de euros) no sería suficiente para cubrir los gastos. Además, el nuevo pliego de contrataciones incluye tratamientos oncológicos y servicios de salud bucodental, que aumentarán el coste. En la última década, aseguradoras como Caser, Sanitas o el Igualatorio de Cantabria ya dejaron Muface porque no les resultaba rentable.

Cada año, los empleados públicos en una mutualidad eligen si desean sanidad pública o privada y, en este último caso, qué compañía privada prefieren. En promedio, el 78% elige la privada. En el caso de los militares, el porcentaje llega al 90%. Si ninguna aseguradora se presentara al convenio, esto provocaría una afluencia masiva de pacientes a hospitales y centros de atención primaria gestionados por las Comunidades Autónomas, sobrecargando la ya deteriorada sanidad pública.

Las consejerías autonómicas de Salud ya están calculando cómo podrían absorber a todos los funcionarios y familiares que hasta ahora recibían servicios de salud a través de las aseguradoras de Muface. Una de las áreas que se vería más afectada es la atención primaria, que ya está muy saturada en casi todas las comunidades.

Todos los sindicatos generales y de funcionarios, junto con asociaciones de jueces, militares y Guardias Civiles, han expresado su profunda preocupación por la falta de aseguradoras interesadas en cubrir el nuevo convenio de Muface. También han recordado que, al tratarse de una mutualidad, todos los funcionarios adscritos a este modelo deben pagar una cuota mensual para acceder a estos servicios sanitarios.

La tensión sobre la renovación del convenio también afecta a los proveedores de atención médica: hospitales privados, clínicas, centros de diagnóstico, y profesionales autónomos. La limitada aportación pública al modelo de Muface ha llevado a las aseguradoras a ser muy restrictivas en los pagos a estas empresas y profesionales, quienes reclaman quedarse con más de la mitad del aumento de primas pactado por el Gobierno. Si ninguna aseguradora se presentara al concierto, la viabilidad de algunas clínicas y hospitales pequeños estaría en duda, ya que dependen de los funcionarios de Muface.